Ian Cardenas | Coordinador Nacional de Construyendo el Segundo Piso | Analista Político
Cada día, millones de personas en México abren sus aplicaciones para trabajar, comprar, tomar clases, comunicarse o ver una película. Detrás de ese gesto cotidiano opera una maquinaria financiera de dimensiones colosales que obtiene ingresos multimillonarios en comisiones, suscripciones, publicidad y explotación comercial de datos personales. Buena parte de ese valor se extrae directamente del bolsillo y de la atención de los usuarios mexicanos, aunque las empresas multinacionales operen sin oficinas ni servidores en nuestro territorio.
Esta anomalía económica plantea un cuestionamiento urgente sobre justicia fiscal: ¿cómo garantizar que la riqueza generada dentro de nuestro mercado contribuya al desarrollo social de México?
EL LÍMITE DE LAS REGLAS VIEJAS
Durante décadas, el cobro de impuestos a las corporaciones se basó en el concepto de “establecimiento permanente”: tener oficinas físicas o fábricas en el país. Las grandes tecnológicas rompieron ese esquema. Hoy pueden atender a decenas de millones de usuarios e impulsar sus estados de resultados sin colocar un solo ladrillo en México.
Aunque el marco fiscal vigente contempla la retención de IVA por servicios prestados y retenciones a terceros, Ramírez Cuéllar señala una diferencia sustancial: retener impuestos a los consumidores no es lo mismo que exigir a la plataforma una contribución directa por las utilidades brutas que obtiene dentro del país.
“Quienes encuentran en México un mercado para generar recursos deben también contribuir a su sistema fiscal. Pedir que la riqueza de las plataformas digitales generada por usuarios mexicanos contribuya al país es un asunto de estricta justicia tributaria”.
— ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, DIPUTADO FEDERAL
Esta distinción es crítica en los servicios que falsamente parecen “gratuitos”. Cuando alguien utiliza un buscador o interactúa en una red social, su actividad y sus datos son la materia prima que estas multinacionales monetizan en mercados de publicidad hiperespecializada. Aunque el usuario no desembolse dinero directamente, forma parte de un negocio de altísima rentabilidad.
“PRESENCIA DIGITAL”: EL GIRO LEGAL
La propuesta presentada por el legislador plantea reformar el Código Fiscal de la Federación y armonizar las leyes del IVA, ISR e IEPS para instituir la figura jurídica de presencia digital. Con ello, el Estado mexicano reconocerá la relación económica real entre estas corporaciones y el mercado nacional, independientemente de dónde radiquen sus matrices o sus servidores.
Lejos de ser una medida arbitraria, la iniciativa establece una hoja de ruta gradual sustentada en estudios técnicos para valuar el impacto de la presencia digital significativa sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR), analizando volúmenes de facturación, usuarios activos y volumen de transacciones.
PISO PAREJO PARA EL COMERCIO LOCAL
El proyecto aborda también un problema grave de competencia leal. Mientras las pequeñas y medianas empresas mexicanas afrontan cargas fiscales, laborales y administrativas completas, las corporaciones extranjeras operan con ventajas regulatorias desproporcionadas. Equiparar las reglas equilibra la cancha para los emprendedores nacionales.
BLINDAJE TOTAL A LOS USUARIOS
Un pilar irrenunciable del proyecto es que la regulación impedirá que las grandes firmas tecnológicas trasladen sus obligaciones fiscales a los usuarios finales, comerciantes locales o trabajadores de plataformas digitales.
Adicionalmente, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda, el SAT y las instancias de política exterior garantizará el cumplimiento estricto de los tratados de libre comercio y acuerdos de doble tributación firmados por México, consolidando un esquema moderno, transparente y soberano.
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