Construyendo Puebla

Gerardo López Ramírez

1) Representación y soberanía popular.

El Poder Legislativo existe para representar la pluralidad social, no para ejercer funciones técnicas que exijan un título. Exigir credencial universitaria excluye a obreros, campesinos, comerciantes y líderes comunitarios que representan legítimamente a sectores enteros de la población, muchos de los cuales no tuvieron acceso a educación superior por razones estructurales (pobreza, ruralidad, falta de oferta educativa).

2)Desigualdad educativa como filtro clasista.

En México el acceso a la universidad sigue muy desigual entre regiones y clases sociales. Un requisito de licenciatura terminaría funcionando como filtro socioeconómico disfrazado de mérito, reproduciendo exclusión en vez de corregirla.

3)Confusión entre función técnica y función política.

Legislar no es aplicar conocimiento especializado como litigar o diagnosticar una enfermedad; es agregar intereses, negociar y representar. La Cámara cuenta con cuerpos técnicos (asesores, Servicio de Carrera, comisiones) para el trabajo especializado; el diputado no necesita ser experto, necesita representar bien a quienes lo eligieron.

4)Precedente histórico y comparado.

La Constitución mexicana nunca ha exigido título para ser diputado (solo edad, ciudadanía y residencia), a diferencia de cargos como ministro de la Corte. Casi ningún sistema democrático exige escolaridad formal para el Legislativo, precisamente porque haría del parlamento una élite educativa y no una asamblea representativa.

5)El argumento contrario —que exigir estudios elevaría la calidad del debate legislativo— tiene cierta lógica, pero confunde preparación con acceso a información: un diputado sin título puede prepararse, asesorarse y legislar bien; un título no garantiza buen juicio político ni cercanía con la ciudadanía. El remedio a la falta de calidad legislativa está en la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano, no en filtros de entrada que restringen quién puede ser votado.